Para garantizar la sostenibilidad financiera del sistema público de pensiones, el Banco de España propone dos medidas concretas: disminuir la tasa de sustitución de las pensiones, elevando la edad de jubilación, y/o ampliar las fuentes de financiación. Entiende que es el verdadero desafío derivado de las tendencias demográficas, incluso si se alcanza el pleno empleo. El gobernador del Banco de España, Luis María Linde, considera que “dada la magnitud del problema, parece sensato” plantearse esas dos opciones, y así las expuso ante la Comisión del Pacto de Toledo.

La primera opción para controlar el gasto a través de la tasa de sustitución, es considerar “si resulta deseable” generar una distribución más equilibrada entre el ajuste que se produce a través de la disminución de la pensión inicial y los mecanismos de revalorización. Pero advierte del papel de los retrasos adicionales de la edad de jubilación, “opción que podría estar justificada por el incremento de la esperanza de vida, el retraso en la entrada en el mundo laboral, las menores necesidades físicas requeridas por la mayoría de los trabajos en la actualidad y la mejora de las condiciones físicas en edades más avanzadas”.

En concreto, desincentivar la jubilación anticipada y permitir la ampliación de la vida laboral por encima de los 67 años, cree que “tendría efectos positivos sobre la sostenibilidad financiera del sistema”.

Más peso de los Fondos de Pensiones

Otro aspecto al que refirió es el de extender el papel del ahorro para la jubilación para complementar los recursos del sistema público. En ese sentido cobran relevancia los Fondos de Pensiones, aunque ve obstáculos: “El desarrollo de elementos de capitalización resulta, en todo caso, complejo y requiere de un análisis previo de cuestiones tales como el período de tiempo requerido para su implantación, su carácter voluntario u obligatorio, la rentabilidad que puede ofrecer en un escenario de estancamiento demográfico y bajo crecimiento de la productividad, o la distribución del coste asociado que supone esta implantación entre las distintas generaciones”, expuso.

Nuevas fuentes de financiación

Sobre las nuevas fuentes de financiación, apuntó a incrementar las cotizaciones sociales o el resto de figuras impositivas, o sus diversas posibles combinaciones. Pero Luis María Linde es consciente de que el incremento de las cotizaciones sociales plantea la dificultad de sus efectos negativos sobre el empleo: “Por ejemplo, la eliminación de los topes máximos de cotización generaría un aumento de ingresos significativo, pero supondría una fuerte elevación de los costes laborales y, si no se produce un incremento paralelo de las pensiones máximas, provocaría una reducción significativa de la relación entre las contribuciones y las prestaciones, una relación que es, en mi opinión, conveniente mantener”.

Por otro lado, una de sus reflexiones es que debe existir la mayor transparencia posible, tanto con la normativa actual como con cualquier reforma, de modo que la población cuente con la información necesaria sobre su pensión futura y permite “tomar decisiones de ahorro bien informadas”.