Un año después de la entrada en vigor de la Ley de Eficiencia Procesal, Juan Carlos Lopera, director de Asesoría Jurídica de Siniestros (AJS) de ARAG, considera que muchos de los reparos iniciales a la Ley se han confirmado.

Aunque el objetivo principal de la Ley -descongestionar los juzgados e impulsar la resolución de conflictos sin llegar a juicio- es ampliamente compartido por todos los operadores jurídicos, la implantación durante estos primeros meses ha sido desigual y todavía se necesita tiempo para mostrar resultados concluyentes.

Explica Lopera que uno de los principales problemas detectados ha sido la aplicación desigual de la Ley, motivada entre otras cosas, por su redacción poco concreta en algunos puntos y en otros insuficiente, lo que ha provocado interpretaciones dispares y contradictorias de los tribunales, especialmente en primera instancia. Afortunadamente, las Audiencias Provinciales han ido consiguiendo una mayor uniformidad.

Es cierto que ha habido una caída del 30,9% en los nuevos litigios civiles durante el tercer trimestre del año 2025, sin embargo, Juan Carlos Lopera hace una lectura de los datos diferente a la que hace el CGPJ. Considera que "el verdadero motivo de esa reducción no fue tanto por las medidas que contenía la Ley en sí sino por el impacto inicial de su entrada en vigor, que provocó mucha inseguridad jurídica". La Ley de eficiencia también ha supuesto que se alarguen los trámites previos al proceso judicial".

Por lo que se refiere a la coordinación con los juzgados, por ahora, no ha mejorado de forma sustancial y sigue dependiendo del órgano concreto. "Hay que tener en cuenta que la Ley también ha reformado la planta judicial, cambiando radicalmente la estructura y organización de los órganos judiciales, que también están adaptándose". 

En cuanto a los MASC, hace un año ya hubo críticas por la mayor carga de trabajo que esto conllevaría, tanto para los abogados de las partes implicadas como para los letrados de la Administración de Justicia, encargados de valorar el cumplimiento de los requisitos de admisión a trámite de la demanda.

Con todo, el director de la Asesoría Jurídica de ARAG prefiere ser optimista y cree que "bien aplicada, una vez que la maquinaria de la gestión extrajudicial esté rodada y cuando la reforma estructural de los Tribunales esté bien engrasada, la norma puede conseguir su principal objetivo: descongestionar los tribunales e incentivar la cultura del acuerdo extrajudicial". También valora positivamente el estudio de una posible reforma de la Ley, actualmente en trámite parlamentario, para una mayor flexibilidad en asuntos en los que los MASC son ineficaces. Eso sí, señala que su éxito dependerá de que se consolide una cultura real de solución alternativa de conflictos de la que todos los operadores jurídicos estén convencidos y "que el sistema judicial cuente con los recursos necesarios".

Con respecto a su propia compañía, en ARAG, la Ley ha reforzado la importancia de la gestión del siniestro con el foco en la negociación extrajudicial. "Hemos adaptado las comunicaciones de siniestros, pasando de la reclamación tradicional a la negociación", explica Juan Carlos Lopera.  "Además, hemos implementado sistemas de certificación de contenido que nos permitan acreditar documentalmente la negociación. Por supuesto, también hemos formado a los tramitadores y les mantenemos permanentemente informados sobre las novedades que van surgiendo".

Según Lopera, uno de los principales retos a los que ha tenido que hacer frente la aseguradora ha sido la gestión de las expectativas de sus clientes. "Algunos valoran positivamente evitar el proceso judicial si existe una solución razonable. Otros lo perciben como una traba y una dilación innecesaria". Por eso ha sido clave la labor pedagógica de los tramitadores de ARAG, explicando el sentido y las ventajas potenciales del sistema, y el esfuerzo en prestar un servicio con los mayores niveles de calidad posible.

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