La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha emitido su informe sobre el anteproyecto de ley de recuperación y resolución de entidades aseguradoras y reaseguradoras. Resalta que el proyecto busca reforzar la preparación del sector asegurador para "anticipar posibles situaciones de inviabilidad, así como crear un marco de actuación que permita una gestión ordenada y minimice los efectos adversos de la insolvencia de aseguradoras y reaseguradoras".

Añade en su informe que el anteproyecto configura el esquema institucional del régimen de resolución, donde se designa a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP) como autoridad nacional de resolución y define también sus competencias.

Reconoce también que se regula mediante esta norma la cooperación y coordinación entre diferentes autoridades como las nacionales, europeas y de terceros estados.

Valoraciones de la CNMC

Junto a estos aspectos, la CNMC Ha destacado el nuevo enfoque de la normativa que configura un régimen de "responsabilidad financiera total", que protege el erario público y alinea los incentivos de inversores y gestores con el interés general. Asimismo, subraya que ha tenido en cuenta de forma transversal el principio de proporcionalidad, que modula las cargas administrativas impuestas según el tamaño y complejidad de las entidades.

Competencia cierra su informe con algunas recomendaciones "desde la óptica de promoción de la competencia y los principios de buena regulación, se formulan las siguientes recomendaciones":

• Tener en cuenta que, aunque el Fondo de resolución de seguros se nutra de contribuciones privadas, de acuerdo con la jurisprudencia del TJUE, su utilización se consideraría ayuda de Estado, estando sujeta al control y autorización previa de la Comisión Europea para evitar distorsiones en el mercado interior.
• Ante la designación de la DGSFP como autoridad de resolución, sea cual sea el modelo elegido, extremar las precauciones para que el diseño institucional final garantice la separación efectiva de funciones y evite cualquier tipo de conflicto de interés en su ejercicio.
• Valorar la inclusión de definiciones más precisas para los conceptos de 'interés público' y los criterios de 'evaluación de resolubilidad', y evaluar el impacto en la competitividad de las entidades aseguradoras de una acumulación de recursos en el Fondo de resolución. Asimismo, se insta a definir reglamentariamente el umbral máximo de recursos ordinarios y a diseñar mecanismos que aumenten la previsibilidad de las contribuciones ordinarias y extraordinarias.
• Desarrollar los requisitos de acceso a la profesión de administrador especial de conformidad con los principios de buena regulación, aplicando el correspondiente test de proporcionalidad que evite restricciones injustificadas.

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