Estas son las principales preocupaciones legales de los españoles

ARAG ha presentado un nuevo análisis de las principales preocupaciones legales de sus asegurados durante 2025, un análisis realizado en función del número de llamadas de los clientes solicitando asesoramiento legal a la compañía.

El 28,17% de las llamadas estuvieron vinculadas a cuestiones de vivienda, de las cuáles casi un 70% fueron sobre alquiler. Entre las  consultas destacan las relacionadas con  el nuevo índice (IRAV) que se usa para actualizar cada año el precio del alquiler y la repercusión de la sentencia del Tribunal Supremo sobre si se puede o no repercutir al inquilino el IBI y otros impuestos relacionados con la vivienda. Además de estas novedades, se recibieron consultas sobre extinción de contrato por necesidad del propietario y procedimientos de desahucio.

En segundo lugar, las consultas de carácter laboral y de Seguridad Social representaron el 14% del total. Una de las dudas más comunes fue sobre las incapacidades permanentes. También fueron frecuentes las consultas sobre impugnación de altas médicas, permisos retribuidos de trabajo y despidos.

Las cuestiones relacionadas con comunidades de propietarios, en tercer lugar, ocuparon el 11% de las llamadas. Entre las dudas más habituales estaban qué partes del edificio son comunes o privadas, cómo recurrir acuerdos de la comunidad, qué mayorías hacen falta para votar ciertos temas y los conflictos que los vecinos tienen con el administrador.

En el área de consumo, en cuarto lugar, que supone casi un 10% de las consultas. Destacan las consultas sobre la contratación de un préstamo hipotecario y sobre posibles cláusulas abusivas. También fueron habituales los casos de posible facturación errónea por parte de compañías eléctricas y las reclamaciones por reparaciones de vehículos.

Aunque no figuran en la parte más alta del ranking, ARAG ha observado que este año se han incrementado las consultas sobre sobre la tasa de residuos urbanos y las relativas a las zonas de bajas emisiones, a raíz de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética de 2023.

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