La inseguridad jurídica, la morosidad y sus consecuencias dan lleno al mercado del alquiler, y el reto asegurador consiste en adaptar las soluciones de protección a un entorno donde el riesgo jurídico, la duración de los procedimientos y las pérdidas económicas exigen una gestión cada vez más especializada. Todo ello lo abordó la abogada Olga Campoamor, del despacho Fernández-Campoamor y vinculada a la Asociación de la Defensa de la Propiedad Urbana de Madrid (Promadrid), en el programa Café con Riesgo en Capital Radio que capitanea Santiago Romera, socio director de AREA XXI, dejando como principal conclusión para el sector asegurador que la prevención, la adecuada suscripción y la transferencia del riesgo mediante soluciones aseguradoras constituyen elementos fundamentales para proteger el patrimonio inmobiliario y favorecer la confianza en el alquiler.

Analizó que el nuevo marco de suspensión de desahucios eleva la exposición al riesgo de impago y plantea nuevos retos al sector asegurador. Los procedimientos de desahucio pueden prolongarse entre 18 y 24 meses, o incluso más, por retrasos judiciales e incidentes de vulnerabilidad. Esa exposición adquiere especial relevancia con el artículo 2 del Real Decreto-ley 29/2026, que contempla, bajo determinadas condiciones, suspensiones adicionales de hasta tres años para personas vulnerables sin alternativa habitacional. La norma establece revisiones anuales, excepciones y mecanismos de compensación para determinados propietarios.

Desde la perspectiva actuarial, esta regulación introduce nuevos escenarios de duración y severidad del riesgo de impago, que las aseguradoras deberán considerar en la suscripción, tarificación y definición de coberturas.

La entrevistada recomendó estudios de solvencia, contratos jurídicamente sólidos y seguros de impago como herramientas preventivas.

Si quiere recibir diariamente y GRATIS noticias como esta, pinche aquí