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Envueltos en la decisión sobre qué pasará con Muface a partir de 2025 después de que la convocatoria quedara desierta por parte de los representantes del sector asegurador, desde el Gobierno surge la propuesta de acabar con el modelo. La Cadena Ser ha informado sobre un informe del Ministerio de Sanidad que dirige Mónica García, donde se propone acabar con el modelo e incorporar a los funcionarios a la sanidad pública.

Según la información de la emisora de radio, en el informe se destaca que "el sistema actual es insostenible" y el Ministerio considera que "ha llegado la hora de pasar página" y se propone prorrogar durante 9 meses el concierto e ir incorporando paulatinamente a los funcionarios a la sanidad pública.

La financiación de esta propuesta se llevaría a cabo de esta forma: el Gobierno entregaría los 2.681 millones de euros que destina a las aseguradoras privadas a las comunidades autónomas. Éstas tendrían que invertir el dinero en servicios autonómicos sanitarios durante los 3 próximos años. El informe añade también un compromiso de lista de espera cero, de manera que las operaciones previstas en Muface las realicen las aseguradoras en los 4 primeros meses de la prórroga.

Los datos del documento no corresponden con los 1,5 millones de funcionarios que estarían dentro del modelo ni con el grado de elección de sanidad privada que se elevaría hasta cerca del 80% dentro de los funcionarios. Los datos del informe hablan sobre que en el último año el número de funcionarios que han elegido recibir asistencia pública se ha incrementado en un 75% y tan solo 1.007.322 siguen eligiendo la sanidad privada. La incorporación del millón de mutualistas a la sanidad pública supondría un incremento del 2,1% en el número total de personas.

Acusación del Gobierno

En el informe, según la Cadena Ser, se acusa a las aseguradoras de seleccionar a los pacientes con menos coste y habría una mayor prevalencia de mutualistas que reciben asistencia pública en enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, insuficiencia cardiaca, Epoc y cardiología sistémica. El documento indica que este hecho "responde a la hipótesis de la selección de riesgos por parte de las aseguradoras que empuja a los mutualistas a trasladarse a proveedores públicos de atención sanitaria. La población tiene una edad media superior que la población en general, pero el estado de salud de los mutualistas es mejor que el de la población general". Añade este informe que todo lo que no sea apostar por su propuesta sería "postergar una decisión que habrá que tomar antes o después", afirma.

En cuanto al rechazo del seguro a concurrir en la convocatoria, considera el Ministerio que "por primera vez en muchos años se presenta la posibilidad de que sea viable y razonable incorporar a los mutualistas a la asistencia sanitaria pública".

Sobre la opción de aumentar la oferta económica a las aseguradoras dice Sanidad que sería insuficiente puesto que las entidades estarían demandando un incremento del 40%.

Esta propuesta que llega desde el Ministerio de Sanidad encontraría oposición en el Ministerio de Transformación Digital y de la Función Pública que dirige el socialista Óscar López y que ve como mejor opción la renovación del contrato con las aseguradoras.

IDIS: Es falso que las aseguradoras dejen de lado a mutualistas con enfermedades graves

La reacción de la sanidad privada no se ha hecho esperar. La Fundación IDIS, tras conocerse las conclusiones del informe del Ministerio de Sanidad, "manifiesta su preocupación por la ideologización de dicho informe y por la grave situación que atraviesa el Sistema Nacional de Salud (SNS), con los riesgos que conlleva para los pacientes en el caso de producirse una transición masiva de usuarios mutualistas desde el sistema privado al sistema público".

Aprovecha para añadir que las listas de espera "han alcanzado cifras sin precedentes en los últimos años, con el doble de pacientes en listas de espera quirúrgica y el triple de pacientes en las esperas en consultas respecto a hace ocho años". Cita para ello los últimos datos publicados por el Ministerio de Sanidad al cierre de junio, que sitúan las listas de espera quirúrgica en 121 días y las de primera consulta con especialista en 94 días, "un escenario que refleja claramente que el sistema se encuentra al borde del colapso y es incapaz de asumir la carga asistencial actual, y mucho menos una afluencia adicional de pacientes".

Señala que en ese contexto, "por mucho que se incrementen los recursos económicos, los indicadores asistenciales siguen empeorando, lo que evidencia que la solución no pasa únicamente por más financiación, sino por medidas estructurales que refuercen la capacidad del SNS. La sanidad pública, en su estado actual, no puede aceptar más pacientes sin comprometer su sostenibilidad y la calidad de la atención".

En cuanto a la parte del informe que afirma que las aseguradoras están incurriendo en un fenómeno de selección de riesgos, dejando de lado a los pacientes con enfermedades graves, el IDIS considera que "este punto es falso y constituye una ofensa a la actuación de dichas entidades, ya que el único que elige dónde ser atendido es el propio usuario mutualista. Otra cosa es que puede haber mutualistas con enfermedades complejas en ciertas comunidades autónomas que opten por el paso al sector público para el seguimiento de sus patologías, al no tener posibilidad de hacerlo en la sanidad privada". "El informe señala que, de los funcionarios que eligen la sanidad privada, el 31% son mayores de 65 años, mientras que el tanto por ciento de mayores de 65 años en el SNS es del 20%, un dato que refleja la libre elección de los ciudadanos incluso en franjas de edad avanzada", añade.

Por lo que se refiere a la viabilidad de absorber en el SNS a los mutualistas que actualmente eligen su asistencia en la sanidad privada, el IDIS apunta que "no expone la dificultad en términos absolutos por Comunidad Autónoma ni lo compara con el número de camas disponibles, para ver si sería realmente viable. Tampoco estudia el esfuerzo que supondría en profesionales, consultas y quirófanos asumir a estos nuevos pacientes en un sistema que ya está muy tensionado, por lo que afirmar que es viable en base a este informe es precipitado".

Como conclusión, la Fundación IDIS "hace un llamamiento a las autoridades sanitarias para abordar este problema de manera integral y con visión de futuro, evitando decisiones que puedan comprometer aún más la sostenibilidad del sistema y poner en riesgo a los pacientes. Así pues, la Fundación IDIS se declara en contra del planteamiento de este informe por las consecuencias que tendría para el funcionamiento del Sistema Nacional de Salud".

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